El Ayuntamiento de Cuernavaca avanza de manera firme en la regularización de los créditos fiscales heredados, fortaleciendo la estabilidad financiera del municipio. Entre ellos destaca un adeudo con el SAT que, hasta junio de 2025, ascendía a 269 millones de pesos, derivado de omisiones fiscales desde 2015. Con el acompañamiento del Gobierno del Estado, se prevé liquidarlo totalmente en diciembre de 2025.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el tesorero municipal Javier Arozarena Salazar presentó un informe sobre este proceso. Recordó que, en julio de 2025, el Cabildo aprobó solicitar colaboración al Gobierno del Estado para atender la resolución del crédito fiscal 500-39-00-05-02-2021-01181. También se autorizaron las transferencias necesarias para cumplir con los pagos puntualmente.
El 1 de agosto de 2025 se firmó un convenio de colaboración administrativa que redujo el monto originalmente señalado por el SAT. Desde entonces, el Ayuntamiento ha cumplido con cinco mensualidades y liquidó, el 3 de octubre, un adeudo adicional por más de 28 millones de pesos, correspondiente a impuestos sobre la renta y pagos provisionales de 2015. Solo resta cubrir el pago de diciembre de 2025, por 45 millones 407 mil 204 pesos, lo que permitirá cerrar el crédito fiscal heredado de 270 millones 714 mil 761 pesos.
El alcalde José Luis Urióstegui Salgado destacó que este proceso ha sido clave para recuperar la capacidad financiera del municipio. Señaló que las omisiones fiscales de administraciones anteriores generaron sanciones y posibles responsabilidades. Aseguró que su gobierno no tolera impunidad ni afectaciones al erario municipal. Además, resaltó que entre 2022 y 2025 el SAT ha identificado pagos de retenciones por 68 mil pesos, lo que evidencia que la actual administración cumple con sus obligaciones fiscales de forma oportuna.
Con estas acciones, Cuernavaca fortalece sus finanzas públicas y garantiza mayor seguridad en la toma de decisiones. La regularización de los créditos fiscales heredados permitirá al Ayuntamiento impulsar obras, servicios y proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía. Esto consolida una administración ordenada, transparente y financieramente responsable.
