El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un debate sobre la posibilidad de reabrir juicios que ya cuentan con sentencia firme, a partir de un amparo presentado en un caso mercantil por presunto fraude procesal.
Cinco ministros propusieron revisar el criterio que impide modificar resoluciones concluidas, mientras que el resto advirtió riesgos para la seguridad jurídica.
La ministra Loretta Ortiz quedó encargada de elaborar un proyecto sobre la materia. Sin embargo, la discusión expuso la división del pleno. Yasmín Esquivel Mossa alertó que abrir asuntos ya juzgados generaría un precedente negativo y vulneraría los principios de legalidad y certeza: “Debemos ser respetuosos de la Constitución, de nuestra ley, de nuestra jurisprudencia”, señaló. Por su parte, María Estela Ríos defendió la certeza jurídica de los asuntos concluidos, advirtiendo que permitir revisiones constantes podría sumir a los procesos en inseguridad e incertidumbre.
A favor de la revisión se manifestaron Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz Ahlf e Irving Espinosa Betanzo. Batres explicó que ante un fraude procesal la cosa juzgada no debe aplicarse de manera rígida, pues convalidar actos ilegales atenta contra la ley, la Constitución y los principios generales del derecho. Propuso que la Corte disponga de un recurso excepcional para anular sentencias obtenidas mediante fraude, protegiendo así la justicia y la legalidad.
Hugo Aguilar cuestionó si una sentencia puede considerarse definitiva cuando se obtuvo mediante fraude, contubernio o actos ilícitos, y señaló que el debate ha generado preocupación en la opinión pública. La discusión de la SCJN refleja la tensión entre mantener la certeza jurídica y garantizar la posibilidad de corregir irregularidades graves en procesos judiciales ya concluidos.
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