La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional, por presunto desvío de recursos y por ocultar su enriquecimiento. De acuerdo con la investigación, Tapia aparece involucrado en irregularidades tanto en contratos de limpieza del IPN como en adquisiciones médicas durante su gestión como tesorero del ISSSTE.
El expediente, al que tuvo acceso REFORMA, señala que Tapia habría omitido declarar ingresos y movimientos financieros que la ley obliga a transparentar. Por ello, la Secretaría pidió al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, suspenderlo de manera urgente mientras avanza el proceso.
Dentro del IPN, Tapia adjudicó un contrato por 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, vinculada al llamado cártel de la limpieza, señalado por obtener múltiples contratos en instituciones públicas. Este proceso generó inconformidad entre el personal de limpieza, que recientemente protestó por falta de pagos.
La investigación también revisa su paso por el ISSSTE entre 2019 y 2022. Durante ese periodo, Tapia recibió depósitos en cuentas propias y de empresas asociadas a él, como Human Mobile Systems y Labi Scientific. Señalamientos internos lo ubican como responsable de asignar recursos a compañías fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que habrían obtenido más de mil 613 millones de pesos en insumos médicos sin soporte adecuado.
En el caso del contrato de limpieza del IPN, se le acusa de restringir la participación de otros proveedores y de dirigir la licitación hacia una empresa específica. El acuerdo, además, se otorgó con carácter plurianual hasta 2028, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos. Estas acciones configuran posibles actos de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.
La autoridad anticorrupción ordenó también retirarle el acceso al correo institucional, a los sistemas internos y a cualquier recurso financiero, humano o material. Argumentó que existe riesgo de que Tapia pueda manipular o destruir evidencia que resulte en su contra si permanece en funciones.
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