El Senado aprobó la nueva Ley General de Aguas con 82 votos a favor y 34 en contra, después de una discusión marcada por confrontaciones políticas y acusaciones entre las distintas bancadas. La mayoría oficialista impulsó la votación con dispensa de trámites y la envió de inmediato al Ejecutivo para su publicación. La reforma incorpora 68 cambios y busca garantizar el acceso al agua como derecho humano, además de impedir su mercantilización.
Durante la discusión en lo general, senadores de oposición presentaron 25 reservas, aunque algunos legisladores las retiraron ante la falta de apoyo. La mayoría rechazó las modificaciones propuestas, lo que agudizó el enfrentamiento político.
A lo largo del debate, los señalamientos cruzados derivaron incluso en discusiones electorales. Pasadas las 23:00 horas, un legislador panista acusó a Morena de traicionar a Chihuahua y recordó derrotas electorales pasadas. Esto provocó respuestas inmediatas de los morenistas. Andrea Chávez cuestionó el discurso del panista y lo acusó de recurrir a inteligencia artificial para elaborarlo, además de recordar la ventaja electoral que obtuvo su partido en comicios anteriores.
Los reclamos subieron de tono entre Morena, PAN y PRI, quienes se acusaron mutuamente por el manejo de concesiones de agua. En medio del conflicto, el pleno discutía la reforma que transforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Más temprano, con 85 votos a favor y 36 en contra, el Senado había respaldado el proyecto en una primera votación para fortalecer la rectoría del Estado en la administración del recurso hídrico. La Cámara de Diputados envió la minuta con 68 cambios y los senadores retomaron los trabajos a las 16:21 horas para continuar el proceso legislativo.
El ambiente se tensó desde el inicio. Ricardo Anaya, coordinador del PAN, y Adán Augusto López, líder de Morena, intercambiaron acusaciones mientras en los escaños aparecían carteles con mensajes enfrentados. El PRI criticó al oficialismo por supuestamente afectar al campo, mientras Morena defendió el agua como un derecho social y no como un bien de mercado. Las senadoras panistas desplegaron una manta donde acusaron al gobierno de condenar al campo a la pobreza.
En su intervención, Anaya denunció que la ley limita la venta de tierras con concesiones de agua, ya que, según dijo, el líquido regresaría al gobierno en lugar de transferirse al nuevo propietario. En respuesta, Martha Lucía Mícher y Alejandro Murat pidieron evitar que la oposición frenara el debate. Murat acusó a un integrante de Morena de concentrar más agua que varios legisladores del PAN juntos.
Adán Augusto López subió a tribuna para rechazar las acusaciones y afirmó que la ley mantiene los derechos de uso de agua cuando un propietario transmite su tierra. Explicó que la autoridad correspondiente emitirá un nuevo título de concesión con las mismas características del original, lo que evita interpretaciones sobre expropiaciones o confiscaciones.
Con este cierre, el Senado concluyó una de las discusiones más tensas de la temporada legislativa y dejó listo el marco normativo que redefine el uso y administración del agua en México.
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