El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén del Pozo Mendoza, advirtió que la nueva Ley de Aguas, aprobada en fast track por el Senado, coloca a la minería en una situación crítica al limitar esta actividad en regiones donde se concentran los principales yacimientos del país.
Del Pozo explicó que el artículo 118 impide, en la práctica, la construcción de instalaciones mineras en amplias zonas del territorio nacional, en especial en áreas montañosas donde operan la mayoría de las minas y donde se ubican los nuevos proyectos. Señaló que los procesos tectónicos favorecen la formación de yacimientos en zonas serranas, por lo que resulta cada vez más difícil encontrar minerales en el altiplano.
El dirigente de la AIMMGM subrayó que estas restricciones pueden frenar la producción de metales y minerales esenciales para la industria nacional. Advirtió que México corre el riesgo de depender de importaciones en recursos que hoy produce de manera suficiente.
Del Pozo remarcó que la ley no solo compromete a las empresas mineras, sino también a las comunidades serranas que dependen de esta actividad para sostener su economía. Afirmó que muchas regiones no cuentan con alternativas productivas y que cientos de familias viven del trabajo en las minas, por lo que una caída en la actividad reduciría empleos y sueldos.
También afirmó que el gobierno da un trato injusto al sector minero, pese a su aportación fiscal y a los estándares de operación que siguen los ingenieros mexicanos. Señaló que la industria utiliza solo el 0.27% del agua concesionada en todo el país y que la mayor parte del líquido que emplea proviene de procesos de reciclaje. Criticó que se tomen decisiones sin considerar esta información.
El representante del sector alertó que la nueva ley podría replicar el escenario de incertidumbre que generó la Ley Minera de 2023, cuyos reglamentos aún no se publican. Expresó que la falta de claridad desalienta inversiones, frena proyectos y puede generar daños graves a la economía nacional.
Del Pozo pidió al gobierno una regulación sólida y basada en evidencia técnica, además de mecanismos que refuercen la gobernanza del agua y garanticen certidumbre jurídica a los inversionistas. Cuestionó el rumbo de la nueva legislación y señaló que el país podría enfrentar nuevamente un periodo prolongado sin reglas claras para un sector que necesita estabilidad para operar.
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