Una jueza de Inmigración en Estados Unidos autorizó la liberación bajo fianza de la activista mexicana Jeanette Vizguerra-Ramírez, quien permaneció detenida durante nueve meses. La resolución se emitió tras una audiencia celebrada el 19 de diciembre, luego de que la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado determinó que la detención se había prolongado de forma inconstitucional.
El fallo representó un avance relevante para la defensora de los derechos de las personas migrantes, cuyo caso generó preocupación entre organizaciones civiles, colectivos migrantes y su equipo legal. La jueza federal Nina Y. Wang señaló que mantener a Vizguerra bajo custodia sin una audiencia de fianza adecuada podría extender su detención durante meses o incluso años.
En su resolución, la magistrada advirtió que el caso plantea serias dudas constitucionales, incluida la posibilidad de que el arresto y la detención guardaran relación con represalias por su activismo público. La jueza recordó que este tipo de actividades cuenta con protección bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, lo que obliga a un análisis riguroso de las acciones de las autoridades migratorias.
Durante el proceso judicial, el tribunal solicitó al Departamento de Seguridad Nacional pruebas que justificaran la detención de la activista. En particular, pidió demostrar que Vizguerra representaba un riesgo para la comunidad o una probabilidad de fuga. De acuerdo con el Comité de Servicios de Amigos Americanos y la defensa legal, el gobierno federal no logró sustentar ninguno de estos argumentos ante la corte.
Ante esa falta de pruebas, la jueza ordenó la liberación bajo fianza y fijó el monto en 5 mil dólares. Además, rechazó la imposición de un sistema de monitoreo electrónico. La familia de Jeanette Vizguerra confirmó que cubrirá la fianza de inmediato con el apoyo del Immigrant Freedom Fund para concretar su liberación una vez que concluyan los trámites administrativos.
Jeanette Vizguerra vive en Estados Unidos desde 1997 y es madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses. Aunque recuperará su libertad bajo supervisión, continuará sujeta a procesos migratorios. La decisión judicial no resuelve de manera definitiva su caso de deportación ni las denuncias por posibles represalias, las cuales seguirán su curso en la corte federal.
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