Las autoridades peruanas reforzaron la vigilancia policial en torno a la embajada de México en Lima para evitar un posible escape de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece bajo asilo diplomático desde noviembre y enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del ex presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, informó que el número de agentes desplegados en los accesos a la embajada en el distrito de San Isidro se ha duplicado e incluso triplicado en los últimos días, ante el riesgo de que las celebraciones navideñas faciliten un intento de fuga. El operativo mantiene un despliegue constante desde la madrugada del 25 de diciembre.
Chávez fue sentenciada en noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspirar para la rebelión junto con Castillo y otros colaboradores, pero permanece como refugiada en la embajada mexicana porque el Estado peruano aún no le concede el salvoconducto necesario para salir del país sin ser detenida.
En la víspera, se conoció que Chávez renunció al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Castillo y a la alianza Juntos por el Perú, en preparación para las elecciones de 2026. En una carta, explicó que su decisión obedece a “razones personales, vinculadas a una lectura política responsable y a la coherencia con mis principios y valores democráticos”.
El abogado de la exministra, Raúl Noblecilla, aseguró que Chávez “se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social” y expresó su respaldo a la candidatura de su madre.
El caso de Chávez generó tensiones diplomáticas entre Perú y México desde noviembre, cuando este último país le concedió asilo. Como respuesta, Perú rompió relaciones diplomáticas con México, marcando una de las crisis más graves entre ambas naciones en décadas.
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