Más del 50% de la población mexicana carece de seguridad social, una situación especialmente crítica para pueblos indígenas. Expertos proponen un modelo intercultural que reconozca sus sistemas propios de bienestar.
En México, más de la mitad de la población carece de acceso a la seguridad social, una situación que afecta con mayor dureza a los pueblos indígenas. Según cifras del CONEVAL de 2022, el 50.2% de las y los mexicanos se encuentran fuera de este sistema de protección, lo que evidencia la necesidad urgente de replantear su diseño y funcionamiento.
Aunque existe una figura legal para ofrecer prestaciones de solidaridad social a comunidades en pobreza extrema, las condiciones para acceder siguen dependiendo de criterios económicos que ignoran los modelos comunitarios propios de organización, salud y bienestar.
Una propuesta que cobra fuerza es la glocalización, un enfoque que busca adaptar los marcos internacionales de protección social a las realidades locales. En las comunidades indígenas, esta adaptación significaría reconocer sus formas tradicionales de organización como el tequio, los sistemas de cargos o la medicina ancestral, los cuales operan bajo principios de cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo.
Pese a que la Constitución reconoce los sistemas normativos indígenas, la falta de políticas públicas con enfoque intercultural ha generado una brecha en el acceso a derechos. Además, la responsabilidad de garantizar la seguridad social se ha trasladado a los estados sin una base jurídica uniforme, creando disparidades en su aplicación.
En muchos territorios indígenas, la protección frente a las crisis económicas y sanitarias se sostiene gracias a redes familiares, compadrazgos y formas de construcción comunal que permiten garantizar vivienda, salud y educación sin depender del mercado ni del Estado.
Estas estructuras comunitarias, como los centros de educación con enfoque cultural, las prácticas de patrilocalidad o los sistemas de medicina tradicional, cumplen funciones similares a las instituciones estatales. También destacan mecanismos de apoyo como las remesas, que refuerzan el acceso a servicios especializados.
Reconocer jurídicamente estas formas de protección social implica asumir que no son solo expresiones culturales, sino sistemas funcionales que deben incorporarse a una política pública más justa. El reto es avanzar hacia un modelo de seguridad social inclusivo, que respete y valore la diversidad de formas de vida de los pueblos originarios.
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