DIPUTADOS APRUEBAN LEY FEDERAL DE DERECHOS CON NUEVOS COBROS Y AUMENTOS EN TARIFAS

Diputados aprueban Ley de Derechos

Tras casi siete horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley Federal de Derechos con los aumentos propuestos en el dictamen. La votación concluyó con 352 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 133 en contra de los grupos parlamentarios de oposición.

La minuta, enviada al Senado para su ratificación, establece nuevos cobros de derechos, entre ellos la autorización para realizar visitas a embarcaciones en navegación de altura —como los cruceros— con un costo de 297.89 pesos, y un pago de 294.01 pesos por los formatos de autorización de salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica.

El dictamen también contempla incrementos en trámites migratorios para extranjeros y en el acceso a sitios turísticos y museos, donde los ajustes superan el 100 por ciento. En materia aeronáutica, los servicios de certificación mediante vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea aumentan 57 por ciento, al pasar de 134 mil a 211 mil 618 pesos por hora de vuelo.

Asimismo, la expedición de certificados de capacidad, licencias o permisos para personal aeronáutico sube hasta 20 por ciento, los certificados de aeronavegabilidad hasta 32 por ciento, y los servicios de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a entidades financieras aumentan 16 por ciento.

Durante la sesión, más de 60 oradores presentaron reservas que fueron rechazadas. La oposición acusó que la reforma viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31 constitucional. La priista Marcela Guerra calificó los incrementos migratorios como un “encarecimiento desproporcionado que convierte un derecho en un privilegio para quien puede pagarlo”.

Por su parte, la morenista Petra Romero defendió la reforma, argumentando que “no solo es necesaria sino urgente” para garantizar certeza y coherencia jurídica, especialmente en sectores como las telecomunicaciones.

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