La falta de medicamentos y tratamientos oportunos ha obligado a miles de personas a recurrir a juicios de amparo para proteger su derecho a la salud. Entre 2017 y 2023, se interpusieron 20,649 amparos relacionados con la atención médica. Cuando los hospitales no contaban con fármacos o quimioterapias, los pacientes solo lograban recibir tratamiento gracias a estos procesos legales.
Ahora, la reforma a la Ley de Amparo aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados genera preocupación. La enmienda introduce tres cambios que podrían dificultar que los juicios de amparo garanticen los derechos humanos. Antes de 2011, solo quienes demostraban una afectación directa podían presentar un amparo. Con los cambios posteriores, se permitió también proteger derechos ante afectaciones indirectas, lo que se conoce como “interés legítimo”. Esta figura permitió que miles de pacientes accedieran a medicamentos mediante amparos, un mecanismo que hoy podría verse limitado.
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