- Proponen que mientras se logra un acuerdo, el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa asuma la representación provisional del tribunal
La falta de consenso entre los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ha impedido, por segundo lunes consecutivo, la designación de una nueva presidencia en el Poder Judicial. Este lunes se registró nuevamente la asistencia de solo 14 magistrados, cifra insuficiente para alcanzar el quórum legal requerido para someter a votación una designación formal.
Ante este estancamiento institucional, el magistrado Manuel Díaz Carvajal propuso que, mientras se logra un acuerdo, el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa asuma la representación provisional del tribunal. La iniciativa fue respaldada por la magistrada Bertha Rendón, quien subrayó la urgencia de atender compromisos administrativos inmediatos, particularmente en materia de pagos a trabajadores.
Sin embargo, la propuesta generó opiniones encontradas. El magistrado Jaime Castera advirtió que no se deben tomar decisiones apresuradas, al recordar que la Junta de Administración puede encargarse de los asuntos operativos sin necesidad de designar una figura interina.
El tema será retomado en la sesión vespertina programada para las 16:30 horas de este mismo lunes, donde se espera que el Pleno analice a fondo la posibilidad de otorgar facultades provisionales a Elizalde Figueroa, exclusivamente para efectos de representación institucional.
Por su parte, el magistrado Elizalde Figueroa expresó su rechazo a cualquier acuerdo que se tome fuera del marco legal o sin la participación del pleno, dejando en claro que no tiene interés en asumir la presidencia ni en administrar recursos. «Mi único objetivo es que exista una representación que permita retomar la operatividad institucional, sin que esto implique negociaciones en lo oscurito ni intereses personales», afirmó.
El Poder Judicial de Morelos continúa, así, en un escenario de indefinición, mientras crece la presión interna por resolver una situación que impacta no solo en la gobernabilidad del tribunal, sino también en la garantía de derechos laborales y administrativos.
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