China intensificó sus gestiones diplomáticas con autoridades de Venezuela y de Estados Unidos con el objetivo de asegurar los préstamos que otorgó al país sudamericano, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro y el agravamiento de la crisis económica venezolana.
Pekín busca garantizar que cualquier eventual proceso de reestructuración o pago de la deuda incluya de manera formal su participación, ante el riesgo de quedar relegado en futuras negociaciones financieras. La preocupación central radica en la recuperación de miles de millones de dólares prestados durante las últimas dos décadas.
Aunque el gobierno venezolano dejó de transparentar cifras oficiales sobre su deuda externa desde que cayó en impago en 2017, estimaciones de analistas internacionales calculan que la deuda pendiente con China se ubica entre los 10 mil y 20 mil millones de dólares. La mayor parte de estos compromisos se originó durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, principalmente para financiar obras de infraestructura y acuerdos energéticos.
Desde 2007, China se convirtió en uno de los principales acreedores de Venezuela al conceder más de 60 mil millones de dólares en préstamos respaldados con petróleo. Bajo estos esquemas, el país sudamericano pagaba su deuda mediante envíos de crudo, lo que le permitió acceder a financiamiento fuera de los mercados tradicionales, pero lo ató estrechamente a compromisos energéticos de largo plazo.
Según reportes financieros internacionales, bancos estatales chinos han solicitado a su gobierno un mayor control y evaluación de los riesgos asociados a Venezuela, especialmente después de que Estados Unidos asumiera control sobre parte de la producción petrolera tras la detención de Maduro. Este escenario amenaza directamente los mecanismos con los que se cubrían los pagos de la deuda.
La situación se desarrolla en un contexto de extrema fragilidad económica para Venezuela, con una producción petrolera en declive y una presión fiscal creciente, factores que dificultan el cumplimiento de obligaciones financieras y refuerzan la urgencia de China por asegurar su posición como acreedor clave.
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