El gobierno del presidente Donald Trump presentó una apelación contra la resolución de una jueza federal en Oregon que le impide enviar a la Guardia Nacional a Portland. La decisión de la jueza Karin Immergut, emitida después de un juicio de tres días, surgió a partir del análisis sobre si las protestas en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cumplían las condiciones legales para permitir el uso del ejército dentro del territorio estadounidense.
La ciudad de Portland y el estado de Oregon promovieron la demanda en septiembre para frenar cualquier despliegue. En una opinión de 106 páginas, Immergut señaló que, aunque el presidente tiene amplia discreción para convocar a la Guardia Nacional, no presentó razones suficientes para justificar su intervención, ya que no acreditó la existencia de una rebelión ni demostró que fuerzas regulares no pudieran mantener el orden.
La administración federal criticó el fallo y afirmó que las tropas resultaban necesarias para proteger instalaciones y personal federal. Trump describió a Portland como una ciudad “devastada por la guerra”, argumento que su gobierno empleó para justificar su intención de enviar efectivos.
El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, celebró la resolución y afirmó que la decisión obliga a la administración federal a actuar conforme a la ley. Destacó que el estado continuará defendiendo su autonomía y sus estándares basados en evidencia y sentido común.
A inicios de octubre, Immergut ya había frenado los intentos de despliegue mediante dos órdenes de restricción temporales: la primera bloqueó el envío de 200 elementos de la Guardia Nacional de Oregon; la segunda impidió el traslado de tropas de cualquier otro estado luego de que el gobierno intentara sortear la primera orden con personal de California. El Noveno Circuito ratificó que no ingresen tropas mientras el tribunal revisa el caso.
Ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago —que mantiene un litigio aparte ante la Corte Suprema—, también han cuestionado los intentos de Trump por enviar militares a sus territorios. Argumentan que el presidente no cumple con los requisitos legales y que sus acciones vulnerarían la soberanía estatal.
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