

El juez de control y oralidad del primer distrito judicial en Puente Grande validó las detenciones de 40 adultos realizadas el sábado pasado en el centro de Guadalajara, tras la marcha del 15N que provocó daños en el palacio de gobierno, la plaza de armas y el Congreso del estado durante tres horas por encapuchados.
Durante una audiencia extensa que inició en la mañana y concluyó por la noche, el juez aceptó la solicitud del Ministerio Público para ampliar a 72 horas el término constitucional.
La Fiscalía de Jalisco acusa a los 40 detenidos de daños a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Tres de ellos enfrentan además cargos por daño a la propiedad, mientras que a cuatro se les suma el delito de lesiones y agresiones contra representantes de la autoridad.
La decisión de declarar legales las aprehensiones permitirá al Ministerio Público reunir más pruebas. Sin embargo, familiares de los detenidos aseguran que algunos fueron arrestados de manera arbitraria fuera del perímetro de los disturbios y denunciaron abusos policiales, señalando que los videos presentados por la fiscalía muestran principalmente la actuación de los agentes durante los arrestos.
Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y Proyecto Migala calificaron las detenciones de arbitrarias y condenaron la “brutalidad policiaca”, exigiendo la liberación inmediata de los 40.
En el Congreso de Jalisco, durante la glosa del primer Informe del gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, reconoció que dos policías están bajo investigación por posibles excesos durante los arrestos, incluidos ataques a periodistas. Hernández afirmó que los elementos que actúan de manera equivocada serán sancionados.
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