
El diputado de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, lanzó una convocatoria pública en Facebook para incentivar denuncias contra personas involucradas en robos, asaltos y delitos graves, aunque la propuesta se enfoca en parientes cercanos. El legislador, cercano al movimiento que encabezó el alcalde asesinado Carlos Manzo en Uruapan, sostiene que la seguridad del estado exige decisiones que rompan con la protección familiar a quienes dañan a la comunidad.
En su publicación, Bautista Tafolla admite que no puede enfrentar el problema solo y llama a la ciudadanía a priorizar el valor civil sobre la complicidad. El diputado dice que la calma social no volverá si las familias continúan cuidando a quienes comercian productos ilícitos, mueven autos con reporte de robo o colaboran con grupos criminales. También recupera frases de Manzo para reforzar que el primer muro contra la violencia inicia dentro del hogar.
La mecánica del plan plantea que cualquier persona que denuncie a un familiar ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán reciba un folio oficial que acredite el inicio del procedimiento. Con ese número, el diputado ofrece entregar un apoyo económico directo: 5 mil pesos por delitos del fuero común y 10 mil pesos por casos de mayor impacto social, siempre que existan elementos comprobables dentro de la carpeta.
Bautista Tafolla asegura que el modelo requiere discreción, trato respetuoso y coordinación con la Fiscalía para resguardar a quien denuncia. En su mensaje exhorta a las autoridades a conducirse con prudencia para no exponer a las familias que deciden colaborar. También sostiene que la denuncia familiar no debe verse como traición, sino como un acto de responsabilidad colectiva que evita destinos más trágicos.
El legislador remata su llamado con un contraste que marcó la conversación digital y territorial en el estado: la cárcel es, para él, un lugar reversible dentro del ciclo de justicia, mientras que la violencia que se encubre termina en pérdida definitiva. Asimismo, pide que las familias dimensionen el peso de la omisión comunitaria y advierte que actuar a tiempo puede salvar vidas, patrimonio y tejido social antes de que la crisis alcance un punto sin retorno.
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