La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe los vapeadores y fija sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas que pueden alcanzar las dos mil UMAs, equivalentes a 226 mil 280 pesos. La decisión generó fuertes críticas de la oposición, que acusó al oficialismo de criminalizar a quienes usan estos dispositivos.
Durante la fundamentación del dictamen, el diputado morenista Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, afirmó que la reforma no castiga al consumidor. Aseguró que el proyecto, avalado con 324 votos a favor y 129 en contra, dirige las sanciones a quienes produzcan, comercialicen o distribuyan vapeadores con fines de lucro.
En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, calificó la iniciativa como autoritaria y desproporcionada. Para evidenciar su postura, inhaló un vapeador en plena tribuna y denunció que la reforma impone hasta ocho años de cárcel por adquirir, almacenar o vender estos dispositivos.
El PAN también cuestionó el dictamen. El diputado Éctor Jaime Ramírez, acompañado por compañeros de bancada con carteles que decían “La salud no se improvisa, se protege”, acusó a Morena de impulsar penas de prisión para quienes porten vapeadores. El PRI se sumó a las críticas. Su diputada Ana Isabel González comparó las sanciones con las aplicadas al narcomenudeo y afirmó que el texto abre la posibilidad de castigar a cualquier persona que compre, consuma o transporte cigarrillos electrónicos.
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum prohíbe la adquisición, preparación, fabricación, producción, envasado, almacenamiento, transporte con fines comerciales, importación, exportación, distribución, venta y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares. También veta cualquier forma de publicidad en medios impresos, digitales, televisivos, radiofónicos o plataformas de comunicación.
El proyecto incluye además restricciones adicionales: bloquea la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, y fija límites estrictos para evitar el uso ilícito de fentanilo.
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