La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con respaldo unánime de todas las bancadas, una reforma que endurece sanciones contra quienes dañen el medio ambiente. El dictamen modifica múltiples leyes y amplía el alcance penal para desalentar el desmonte ilegal, la invasión de zonas forestales y la muerte de fauna en riesgo, especialmente dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Tras avalar el texto en lo general, el pleno aceptó dos cambios puntuales. El primero, impulsado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, incorpora agravantes para los delitos de ocupación, invasión, cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la falsificación de datos con el objetivo de obtener certificados, registros o constancias de desempeño ambiental. Estas sanciones aplican con mayor severidad cuando los hechos ocurren en ANP.
El segundo ajuste, propuesto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), añade penas extras de hasta cinco años de prisión contra quienes causen la muerte de animales que aparecen en la lista oficial de especies en peligro de extinción, amenazadas o bajo protección especial dentro de zonas protegidas.
Luego de un debate que se extendió por más de tres horas, 460 legisladores votaron a favor y enviaron la minuta al Senado para continuar el proceso legislativo. Entre los ejes de la enmienda, los diputados destacaron la homologación y aumento de penas. Mientras el Código Penal Federal hoy fija castigos de uno a nueve años para muchos delitos ambientales, la reforma sube el rango de dos a diez años de prisión.
En materia forestal, la reforma endurece castigos para la tala, el desmonte, la ocupación ilegal y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Las sanciones irán de 6 a 20 años de cárcel y contemplan multas de 6 mil a 10 mil días cuando los hechos afecten directamente una ANP. Si los responsables usan armas de fuego o ejercen violencia para obtener ganancias, la ley aplicará penas de 8 a 15 años de prisión.
La reforma también dirige un golpe al tráfico de totoaba en el Golfo de California. Las multas por este delito escalarán hasta 12 mil días, con condenas de 5 a 15 años de prisión. Los legisladores sostienen que la medida busca detener una de las cadenas criminales más agresivas contra el ecosistema marino de la región y reforzar el mandato de conservación de la vaquita marina.
Aunque el dictamen unió a todos los partidos, la oposición subrayó que no basta con subir penas en papel. Legisladores de distintos grupos advirtieron que el gobierno federal debe etiquetar dinero suficiente para inspecciones, vigilancia forestal, ciencia aplicada y protección de biodiversidad en el terreno.
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