El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República presentó ante un juez la carpeta de investigación integrada contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con el expediente judicializado, la FGR sostiene que Casar obtuvo una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos tras el suicidio de su esposo, situación que, según la autoridad, le generó un beneficio económico indebido. La investigación se desarrolló bajo la administración de Ernestina Godoy Ramos al frente de la fiscalía.
El caso tomó relevancia pública desde sexenios anteriores, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema en una conferencia en Palacio Nacional. En esa ocasión, el mandatario cuestionó que personas con presuntos actos de corrupción ocuparan espacios de liderazgo en organizaciones dedicadas al combate a ese fenómeno.
Durante la misma conferencia, el exdirector general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que la empresa productiva del Estado presentó una denuncia para recuperar el presunto daño patrimonial ocasionado por los recursos entregados a Casar a través de una aseguradora. Explicó que el pago pudo haberse autorizado bajo información incorrecta sobre las circunstancias del fallecimiento, lo que abrió la posibilidad de acciones legales para exigir el resarcimiento.
Romero Oropeza afirmó que la FGR investiga un presunto fraude contra Pemex por un monto aproximado de 31 millones de pesos, derivado del cobro mensual de alrededor de 125 mil pesos como pensión. La judicialización del expediente permitirá que un juez determine si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en contra de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción.
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