El Gobierno de México expresó su rechazo y lamento ante la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que la administración mexicana otorgara asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, acusada en su país de participar en el intento de golpe de Estado de 2022 encabezado por Pedro Castillo.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó la medida del gobierno peruano como “excesiva y desproporcionada”. La dependencia sostuvo que el asilo se concedió conforme al derecho internacional y a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, firmada tanto por México como por Perú.
La cancillería explicó que Chávez denunció ser víctima de persecución política y de violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023. La decisión, aseguró, fue tomada tras una revisión detallada y se basó en el artículo 11 de la Constitución mexicana y en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en apego a los principios de humanismo y protección que guían la política exterior mexicana.
México enfatizó que, de acuerdo con la Convención de Caracas, corresponde exclusivamente al país asilante determinar la naturaleza política de la persecución, por lo que su decisión no implica una injerencia en los asuntos internos de Perú. Además, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su disposición al diálogo.
“La tradición humanista de México y los lazos históricos que unen a ambas naciones seguirán siendo una prioridad”, concluyó la SRE.
La ruptura diplomática fue anunciada por el presidente peruano José Jerí, quien consideró el asilo como una intromisión. Informó además que la encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, Karla Ornela, deberá abandonar el país en un plazo determinado.
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