El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que da a la gobernadora Rocío Nahle el poder de proponer y remover a la próxima persona que dirija la Fiscalía General del Estado. Morena operó la mayoría de votos y Movimiento Ciudadano respaldó la iniciativa en una sesión nocturna que activó el proceso para desplazar a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, quien asumió como encargada de despacho en 2019 y luego obtuvo la ratificación como titular en 2020 por nueve años.
La oposición reaccionó con críticas duras: PRI y PAN acusaron que la reforma rompe la autonomía del organismo y favorece una Fiscalía alineada a intereses del Ejecutivo. También recordaron que Veracruz enlaza una década de alternancia política con un historial de designaciones a la conveniencia de cada gobierno mediante figuras cercanas al poder en turno.
El nuevo marco fija que el Ejecutivo estatal envíe la propuesta del titular al Congreso, que deberá aprobarla en sesión pública y resolver el nombramiento en cinco días hábiles. La persona designada ocupará el cargo por cuatro años, con opción a un segundo periodo si el Legislativo confirma su ratificación. Además, el Congreso tendrá 120 días para rediseñar la Ley Orgánica de la Fiscalía y ajustar procesos internos al nuevo mandato constitucional.
En las últimas semanas, círculos políticos y medios locales perfilaron a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, expresidenta del Poder Judicial del estado, como la opción favorita del grupo oficialista. La inminente postulación encendió reacciones públicas y le valió el apodo de “Fiscal Carnala”, o “Fiscal Carnala”, una etiqueta que resume la narrativa de un nombramiento por lazos de cercanía y no por competencia técnica, según señalan voces críticas.
Veracruz vivió, durante 10 años de autonomía formal de la Fiscalía, al menos tres designaciones cuestionadas: un exfiscal nombrado por el PRI en el duartismo, otro por el PAN y la actual por el círculo morenista saliente. Ninguna de esas decisiones despejó el debate sobre imparcialidad. De esas personas que encabezaron el organismo, dos enfrentaron procesos y prisión por desaparición forzada y secuestro. Hasta la fecha, Verónica Hernández no ha pisado la cárcel, un contraste que la oposición usa para reforzar la discusión sobre rupturas políticas y tiempos procesales.
Para que la reforma tenga validez, 212 cabildos deberán avalarla en los próximos días. Morena ya activó a alcaldías aliadas para lograrlo y solo necesita la mitad más uno de los votos municipales. Una vez conseguida esa ratificación, el Congreso ajustará la ley secundaria y Nahle enviará su propuesta formal del nuevo liderazgo de la Fiscalía.
La discusión rebasa partidos y tocó fibras sociales: 23 colectivos de Madres Buscadoras manifestaron su desacuerdo público, acusaron que la reforma descuida la crisis de desapariciones y advirtieron que el debate debió priorizar el acceso a la justicia para las víctimas y no el control político del organismo.
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