El enfrentamiento entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por los adeudos fiscales del magnate escaló este martes al ámbito internacional. El presidente de Grupo Salinas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer una “persecución política” en su contra desde 2023.
De acuerdo con un comunicado difundido por el conglomerado empresarial, Salinas Pliego sostiene que las autoridades mexicanas han desplegado un hostigamiento “fiscal, judicial y administrativo” con el objetivo de limitar su libertad de expresión y su participación en el debate público. La denuncia fue presentada tras una reunión del empresario con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, realizada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
El magnate agotó todas las instancias legales en México en noviembre pasado, luego de perder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación varios juicios fiscales en los que estaba en juego un monto aproximado de 51 mil millones de pesos, correspondientes a adeudos que, en algunos casos, se remontan a 2007. Tras esas resoluciones, Salinas Pliego advirtió que acudiría a instancias internacionales, advertencia que cumplió este martes.
En su escrito ante la CIDH, Grupo Salinas enumera diversos agravios que atribuye al Estado mexicano, entre ellos la realización de “auditorías excesivas”, el presunto daño a la reputación del empresario a través de declaraciones oficiales y medios de comunicación, el “uso político del aparato fiscal” y lo que denomina una “captura del Poder Judicial”, esta última vinculada a la reciente reforma judicial que permitió la renovación de una parte de la judicatura mediante voto popular.
Tras el encuentro en Washington, Salinas Pliego difundió un video en el que aseguró sentirse fortalecido y reiteró que no cederá ante las autoridades. “Vamos a plantarle cara al régimen del cártel de Morena”, afirmó.
La acción del empresario ocurre semanas después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableciera el monto definitivo que deberá pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo que el proceso entró en su fase final de ejecución tras más de 15 años de litigios.
No obstante, la decisión de acudir a la CIDH sugiere que el quinto hombre más rico de México no contempla, por ahora, esa alternativa y apuesta por prolongar la disputa en el terreno internacional.
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