Funcionarios de alto nivel en Washington retomaron esta semana la retórica de “asistencia” o “ayuda militar” en México para enfrentar al crimen organizado. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó precisar acciones, pero advirtió que el Gobierno de Estados Unidos analiza “medidas adicionales” como parte de una promesa del presidente a su población.
Un día antes, Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete y figura influyente del universo MAGA, escaló el discurso al comparar la estrategia contra el narcotráfico —o “narcoterrorismo”, como la denomina el ala trumpista— con las operaciones militares desarrolladas contra Al Qaeda y el Estado Islámico.
El propio Donald Trump respaldó esta línea al declarar que estaría de acuerdo con ejecutar ataques dentro del territorio mexicano, similares a los que ordenó en el Caribe y el Pacífico. Claudia Sheinbaum respondió de inmediato: “No va a ocurrir”, afirmó la presidenta mexicana, como ha hecho frente a anteriores declaraciones de Washington.
Las posturas más duras surgieron alentadas por voces del trumpismo, como Steve Bannon y Alex Jones, quienes usaron las recientes protestas en México para insistir en una ofensiva militar al sur de la frontera. Estos voceros adoptaron incluso consignas repetidas en las marchas, entre ellas la idea de que México opera como “narcogobierno”.
El Gobierno mexicano acusó que detrás de las movilizaciones, presentadas como espontáneas y lideradas por jóvenes, existen organizaciones internacionales de ultraderecha. Mientras tanto, la estrategia estadounidense ya cuenta con un soporte legal: a inicios del año, un decreto clasificó como terroristas a varios grupos criminales, incluidos seis cárteles mexicanos, lo que abrió la puerta a intervenciones militares en otros países.
En los últimos meses, Estados Unidos ha destruido más de 20 embarcaciones que identificó como narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, acciones que, según reportes, dejaron al menos 80 ejecuciones extrajudiciales.
Este contexto explica el impacto de las declaraciones de Leavitt, quien primero elogió la cooperación de Sheinbaum en materia migratoria y antidrogas, para luego remarcar que el presidente mantiene la intención de aplicar nuevas medidas. Según la vocera, el Consejo de Seguridad Nacional evalúa los siguientes pasos.
Miller reforzó el mensaje al asegurar que organizaciones criminales controlan el lado mexicano de la frontera y que el desmantelamiento de estos grupos constituye un asunto central para la seguridad nacional de Estados Unidos. También insinuó que el país podría replicar la estrategia usada contra Al Qaeda y el Estado Islámico, al considerar que los cárteles “controlan territorio, operan fuerzas propias y moldean decisiones políticas mediante asesinatos”.
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