El Congreso de Morelos aprobó la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para crear la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia que asumirá las funciones de acceso a la información pública y rendición de cuentas. La decisión generó críticas de diputadas de oposición, activistas y periodistas, quienes alertaron sobre un retroceso institucional y posibles riesgos para la vigilancia del poder.
El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, envió la iniciativa de reforma, que incluye la derogación del artículo 23-A de la Constitución local y cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal. La propuesta forma parte de una reconfiguración institucional en materia de transparencia.
El pleno aprobó el dictamen con 14 votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, bancada que respaldó la iniciativa al considerarla una obligación constitucional. Cuatro legisladores votaron en contra, pertenecientes al PAN y al PRI, mientras que dos diputados se abstuvieron al no encontrarse en el recinto durante la votación.
El documento aprobado establece que el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales continúan vigentes, aunque ahora la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, adscrita al Poder Ejecutivo, se encargará de garantizarlos.
Durante el debate, diversas legisladoras manifestaron su rechazo a la desaparición del organismo autónomo y advirtieron que transferir sus atribuciones a una dependencia del Ejecutivo puede afectar la imparcialidad y debilitar los contrapesos institucionales. La diputada panista Andrea Gordillo, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, calificó la medida como un retroceso para los derechos ciudadanos y afirmó que el órgano de transparencia representa una garantía constitucional, no un gasto innecesario. Señaló que concentrar estas funciones en el Ejecutivo rompe el principio de imparcialidad y envía un mensaje negativo en un estado con altos niveles de corrupción y desconfianza institucional.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, respaldó el dictamen únicamente por cumplimiento constitucional, sin avalar el fondo de la reforma federal. Afirmó que la homologación evita vacíos legales, pero debilita la transparencia y los contrapesos, y anunció vigilancia permanente sobre el desempeño de la nueva secretaría.
Desde la mayoría legislativa, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, defendió la reforma al asegurar que responde a una armonización constitucional con el marco federal y sostuvo que la transparencia permanece vigente bajo el nuevo esquema. En el mismo sentido, el coordinador de Morena, Rafael Reyes Reyes, afirmó que la rendición de cuentas depende de la voluntad de los servidores públicos y no de la existencia de un órgano autónomo, y negó que la extinción del IMIPE represente un retroceso.
Tras la votación, la gobernadora Margarita González Saravia agradeció públicamente en redes sociales a las y los diputados que apoyaron la iniciativa del Ejecutivo y reiteró que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno garantizará el acceso a la información pública y fortalecerá la rendición de cuentas en Morelos.
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