La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para resolver este día una serie de controversias constitucionales relacionadas con la eliminación de más de un centenar de fondos y fideicomisos públicos, una decisión tomada por el gobierno federal en 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El pleno del máximo tribunal discutirá ocho recursos promovidos por gobiernos estatales que cuestionaron la legalidad del decreto mediante el cual se modificaron y derogaron disposiciones de 18 leyes federales, lo que permitió concentrar en la Federación recursos que antes se destinaban a áreas como ciencia, cultura, deporte y atención a víctimas.
Los gobiernos de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Jalisco interpusieron las controversias al considerar que el decreto vulneró sus atribuciones y alteró el equilibrio entre los poderes. Aunque actualmente Michoacán y Tamaulipas son gobernados por Morena, las impugnaciones se presentaron durante administraciones anteriores.
El Ejecutivo federal justificó la extinción de los 109 fondos y fideicomisos al argumentar la necesidad de disponer de aproximadamente 68 mil 400 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
Además de desaparecer los mecanismos financieros, el decreto concentró los recursos en el gobierno federal, una medida que los estados consideraron invasiva y contraria al diseño constitucional de distribución de competencias. La resolución de la Corte sentará un precedente relevante sobre el manejo de recursos públicos y la autonomía de las entidades federativas.
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